Compra pública de tecnología

Escribe María Alejandra Llosa

Para abordar el análisis de un problema público, en primer término, según "Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación" de los autores Óscar Oszlak y Guillermo O’Donnell (1984), se debe desarrollar un modelo teórico que permita conceptualizar un marco de análisis para posteriormente poder considerar un marco de operación para la puesta en práctica de las políticas públicas y/o de diferentes procesos de regulación social.

Los referidos autores definen las políticas públicas como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil (p. 10). Con esta definición subrayan dos temas fundamentales: primero la “cuestión”, que definen como asuntos (necesidades, demandas) socialmente problematizados debido a que grupos de la sociedad consideran que debe actuarse frente a ellos; y, en segundo lugar, la "actuación" de distintos actores de la sociedad civil. Toda “cuestión” transcurre por diferentes fases: desde que no existe como tal, pasando por su problematización y vigencia, hasta llegar a su resolución, es decir, a su desaparición como “cuestión” social, ya sea porque otros problemas acapararán la atención del grupo o porque se ha concluido que nada puede hacerse con ella (Califano, 2011).

Por otro lado, Oszlak y O’Donnell indican que la “toma de posición” del Estado respecto de una “cuestión” pone de manifestó su voluntad de solución, lo que decantará en un conjunto de decisiones no necesariamente expresadas en actos formales. Una política estatal, sostienen Oszlak y O’Donnell, es esa toma de posición que, por lo general, involucra simultáneamente decisiones de una o más organizaciones estatales, razón por la cual no es homogénea, ni unívoca, ni permanente (Califano, 2011).

Esta propuesta analítica indica que no se debe seguir una receta, con un orden de pasos predefinidos, sino que se trata de un proceso complejo en el que interactúan diversos actores. El orden no se genera porque los políticos o los funcionarios públicos lo imponen, sino que es un proceso que depende de la interacción de diversos factores sociales, políticos, económicos, entre otros.

Caso de la Compra Pública de Tecnología

Si como señalan los autores el enfoque político para afrontar un problema público, es un asunto teórico dinámico y orgánico, debería encontrar en la estructura del Estado un mecanismo para que sea adquirido y enriquecido por los propios funcionarios estatales de manera que pueda haber un cierto nivel de cohesión y comprensión razonable de las elaboraciones teóricas que genera el Estado. De tal forma que, cuando se produzcan los cíclicos cambios políticos al interior del aparato estatal, sea posible compartir críticamente el problema de la continuidad y cambio de rumbo si fuese necesario.

Sin embargo, hay casos como el actual problema de la compra publica de innovación y tecnología, vinculado con la nueva dinámica del mercado tecnológico, que formula desafíos mayores para ese enfoque político. El comercio de startups supone un desafío para el actual sistema de compra de pública porque, por poner un sólo ejemplo, no considera ejercicios extra-comerciales o pre-comerciales que permitirían al aparato estatal acercarse a esas tecnologías que le son ajenas en ejercicios de experimentación o ensayo y error.

En estos casos, en el contexto de un cambio de ciclo de gobierno, la teorización del problema es desafiante, por tanto, la creación de nuevas teorías requiere para el sucesor, una curva de aprendizaje y un esfuerzo mayor de sintonía con la política pública que hereda. En el "Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación" de Oszlak y O’Donnell, los autores no hacen mayor alusión a temas de mayor complejidad, como por ejemplo este de la adquisición de tecnología, un tipo de situación que irrumpe como problema público complejo, ya que no se trata de una cuestión habitual o de continuidad lineal cuyas perspectivas de solución han variado en el tiempo, sino que amerita un cambio de paradigma absoluto que debe ser planteado por aquellos funcionarios de la administración, quienes deberían tener cierto nivel de comprensión respecto del problema y de su relevancia para la subsistencia y el futuro desarrollo del aparato estatal.